Ante el impacto ambiental que generan estas empresas, no es comprensible el evidente apoyo que reciben del Estado. Las denuncias de las comunidades casi no encuentran respuesta por parte de la institucionalidad. Nada se ha hecho por obligar a estas empresas a hacer estudios de impacto ambiental y la mayor parte de los cuestionamientos ciudadanos ni siquiera son respondidos por las empresas.